Cuando una sentencia no basta para que las mujeres obtengan Justicia

Juliana* era una adolescente de 14 años cuando comenzó una relación con Andrés, un adulto de 24 años al que conoció por internet. “Yo tenía una familia desintegrada. Mi mamá se había ido a Estados Unidos y mi papá andaba con muchas mujeres”, dice. “No tuve quién me guiara, y la soledad y la falta de un padre me hicieron enamorarme de un hombre mucho mayor e irme de mi casa en la capital para vivir con él y su familia en Xela”, relata Juliana, que ahora tiene 31 años y lleva media vida sufriendo miedo y violencia. Desde 2022 enfrenta, además, un largo camino para obtener justicia.

Las agresiones comenzaron desde los primeros días de convivencia. Cuando quedó embarazada a los 16, Andrés y su madre la rechazaron porque tendrían una niña y no un varón. “Él quebró la cunita que teníamos preparada, y su mamá hasta dijo que había muchos ríos donde podían ir a tirarla”, recuerda indignada. “Me pegaba siempre. En una ocasión intentó asfixiarme y me hizo vomitar sangre. Intenté irme, regresar a casa, pero mi familia no me apoyó. Además, yo pensaba que vivir violencia era algo normal. Mi abuela lo había vivido, mi mamá también…”.

Tuvieron dos hijos más y la violencia siguió hasta julio de 2022. Un día, al regresar de la iglesia y comer con sus hijos, encontraron a Andrés enfurecido porque no estaban en casa cuando él llegó. “Comenzó a golpearme como siempre. Pero esta vez mi hija, que tenía como 11 años, intervino y él la empujó y comenzó a patearla. Ese fue mi límite”, dice Juliana. “Fue entonces cuando lo denuncié”.

Un juzgado dictó medidas de seguridad para impedir que Andrés se le acercara; pero él continuó acosándola y exigiendo que retirara la denuncia. En Navidad de ese año la familia salió a pasear y al volver los esperaba Andrés enfurecido. “Estaba escondido en la oscuridad y cuando nos vio comenzó a gritar y me golpeó. Yo tuve un ataque de pánico. Él destruyó una pared en construcción”, recuerda Juliana. “Aquella madrugada me llevaron a la estación de Policía a presentar una nueva denuncia”.

Tras meses de entrevistas, exámenes y audiencias, el proceso tomó un rumbo inesperado: avanzado 2023 la defensa de Andrés solicitó un procedimiento de aceptación de cargos, él admitió haber golpeado a Juliana, se comprometió a no volver a hacerlo y pagó Q6 mil en concepto de reparación del daño. Así evitó la prisión.

Juliana sintió que aquello no era Justicia. “Me sentí decepcionada. Él no iría ni un solo día a la cárcel. No pagaría por lo que me hizo”, reclama. “Me insultó y golpeó por años; estuvo a punto de matarme; y se iría tan tranquilo a su casa. Me sentí impotente. Nadie pensó en mi seguridad. Y nadie me preguntó si estaba de acuerdo con la resolución”.

Los Q6 mil solo sirvieron para arreglar la pared destrozada y para cubrir la pensión alimenticia que Andrés nunca paga. Se excusa con que no tiene trabajo. “Después de la audiencia reclamé por lo sucedido y las licenciadas del Ministerio Público y la Defensa me dijeron que Andrés tenía derechos”, dice Juliana con indignación. “Pero… ¿y yo? ¿Y mis derechos? ¿Y los derechos de mis hijos? ¿Nosotros no tenemos derechos?”.

Carrera de obstáculos

Brenda Maldonado, abogada del Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) de Totonicapán, lleva más de dos décadas luchando por los derechos de la niñez y las mujeres, y trata de ver el lado positivo: “Antes era aún más difícil demostrar delitos como la violencia psicológica o económica, y hoy las evaluaciones, peritajes y jueces especializados permiten valorar con mayor precisión y enfoque de género las secuelas que deja la violencia en la vida de una niña o mujer adulta”, indica. “No obstante, estos avances no garantizan, por sí mismos, que la mayoría de sobrevivientes obtengan justicia ni una reparación digna”, reconoce.

La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer, vigente desde 2008, obliga al Estado a proteger de forma integral a las sobrevivientes de violencia y a garantizarles acceso a la justicia de forma especializada y con prontitud. Pero en la realidad obtener justicia es un camino largo y lleno de obstáculos que muchas mujeres no logran recorrer hasta el final. En la mayoría de casos, ni siquiera llega a iniciarse.

Es el caso de Laura, que se casó en 2017, con 19 años. El control, el aislamiento y los golpes empezaron nada más mudarse a casa de la familia de su esposo, en una aldea de Momostenango, Totonicapán. “Él me controlaba demasiado y me prohibía visitar o llamar a mi familia. Meses después, cuando quedé embarazada, comenzó a golpearme y una vez me quebró el teléfono, quedé incomunicada”, relata.

Pasó casi dos años encerrada y vigilada, saliendo apenas a hacer compras y siempre acompañada por su esposo o sus familiares. Hasta que a finales de 2020 huyó. “Solo agarré a mi bebé y mi DPI y corrí por las montañas hacia la casa de mis papás”, cuenta.

Días después intentó denunciar lo que había vivido, pero en el Ministerio Público (MP) de Momostenango le pidieron pruebas. “Como no tenía teléfono, no pude tomar fotos ni audios. Al mostrar mis cicatrices, la funcionaria dijo que podían ser de ‘cualquier cosa’”, recuerda. “También me dijo, de forma muy fea, que si denunciaba a mi esposo me quedaría sin pensión: ‘¿No necesita dinero para su hijo? Desde la cárcel él no podrá dar nada’, me dijo, casi como regaño. Prácticamente, me convenció de no denunciar”.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Bienestar del Hogar (ENCABIH) de 2023, en Guatemala el 48.8 % de las mujeres ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, pero solo el 9 % ha presentado una denuncia. Un 29.4 % de las consultadas respondió que no denunciaron porque “fue algo sin importancia”; el 18.4 % alegó vergüenza o el deseo de que su familia no se enterara; el 17.5 % dijo que tuvo miedo a represalias; el 9.5% porque no sabía dónde y cómo denunciar; el 4.8% dijo que “no confía en las autoridades”.

Es una carrera cuesta arriba. Los juzgados y tribunales especializados en atención a mujeres sobrevivientes de violencia se encuentran en las cabeceras departamentales, por lo que las víctimas que viven en un municipio o aldea lejana deben acudir primero al MP o juzgados de paz locales, donde no siempre reciben apoyo. Si denuncian, enfrentan además procesos de años que implican gastos y constantes traslados.

“El MP y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) no siempre tienen intérpretes que puedan recoger las denuncias en el idioma materno, y la falta de tiempo, recursos o confianza termina llevando a muchas mujeres a desistir y dejar inconclusos sus procesos”, explica Ana Julia Longo, jueza de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Totonicapán. La jueza cree necesario fortalecer la capacitación de los operadores de justicia, especialmente en los órganos no especializados.

¿Justicia para quién?

La ley de aceptación de cargos, que debía agilizar las condenas, golpea a las víctimas. Permite al acusado reducir hasta la mitad su pena y, en muchos casos, evitar la cárcel si admite el delito y da una reparación económica. El decreto 10-2019, que reformó el Código Procesal, fue pensado para aliviar la carga del sistema judicial y penitenciario, pero desde el primer momento fue denunciado por fomentar la impunidad, favorecer la corrupción judicial y beneficiar a integrantes de pandillas y del crimen organizado.

Carlos Bezares, abogado constitucionalista que se opuso al decreto, explica que si bien hay delitos excluidos del beneficio, como asesinato, homicidio y violación sexual, sí se aplica a otros como asociación ilícita, lavado de dinero, robo agravado, hurto, estafa o falsedad ideológica y material. En su opinión, la intención real “es liberar a señalados por delitos contra la administración pública”, políticos acusados de corrupción y sus cómplices. “Lo aprobaron para beneficio propio o bien para terceros que han sido sus compañeros políticos”, dice. “Y en teoría no se puede legislar por intereses personales”.

Este decreto fue aprobado el 12 de noviembre de 2019 en medio de la polémica, en una sesión exprés del Congreso. Los 81 votos a favor (uno más del mínimo requerido) salieron de una alianza entre los partidos UNE y FCN —38 votos— y diputados de TODOS, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Partido Unionista y UCN.

La ley estuvo suspendida más de dos años por la presión popular y acciones legales para frenarla, pero el 1 de junio de 2022 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Fundación Myrna Mack, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro y Acción Ciudadana. “Fue un golpe fuerte para la lucha contra la violencia machista”, dice Claudia Say, asesora jurídica de la fundación Alas de Mariposa. “Aunque la aceptación de cargos no incluye el femicidio, afecta a otras manifestaciones que son un preámbulo al asesinato de mujeres”, explica.

A la mujer agraviada no se le consulta si está de acuerdo con que su agresor obtenga este beneficio y no tiene forma legal de oponerse. No tiene voz en la resolución final.

“Es una burla para la dignidad e integridad de las víctimas”, denuncia Sonia Acabal, defensora de derechos humanos, miembro de la Red de No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) y oficial de protección para Mesoamérica en la organización Protection International. Dice conocer casos en los que “se ha retorcido el sistema para sustituir la imputación de violación por la de agresión sexual, un delito que sí permite aceptación de cargos”. En la práctica, dice, el mecanismo se convierte en una negociación entre juez y acusado, en la que se define la pena y el monto que paga el agresor sin compensar el sufrimiento, las pérdidas y las secuelas para la mujer.

Brenda Maldonado explica que, al no contar con una vía legal para oponerse a la decisión del juez, muchas mujeres terminan aceptando cantidades que están lejos de reparar el daño sufrido, aunque admite que ese dinero “puede representar una ayuda”, especialmente porque enfrentar un proceso judicial implica costos de tiempo y dinero que muchas víctimas no pueden asumir. “Para algunas sobrevivientes es, además, un alivio poner fin a un proceso que podría prolongarse durante años”.

Desde la entrada en vigencia en 2022, la mayoría de casos de violencia contra la mujer son resueltos con aceptación de cargos y no van a juicio. En 2024 el MP reportó que el 70 % de las sentencias por violencia de género se resolvieron con este procedimiento.

En Totonicapán “alrededor del 90 % de casos en Juzgados de Femicidio se resuelven de esa manera”, explica la jueza Longo, “Con excepción de los de violencia sexual, femicidios o aquellos en los que las víctimas son menores de edad, excluidos por ley”.

Pero puede que las protestas y las acciones legales contra la medida estén dando frutos: el pasado 7 de julio la CC declaró con lugar una acción promovida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) que exhorta al Congreso a reformar el Código Procesal para garantizar el derecho de las víctimas a apelar decisiones sobre reparación digna. Esto les permitiría disputar el monto de la reparación económica, pero no oponerse a que el agresor acceda al beneficio. Es además una sentencia exhortativa, es decir, una recomendación que no impone plazos. El tema no se ha discutido aún en el pleno.

En busca de la justicia para las sobrevivientes

“Para las sobrevivientes de violencia, Justicia es que les crean, que el sistema deje de cuestionar a la víctima y reconozca los hechos”, sentencia Maldonado. Ana Julia Longo coincide: “Solo hay Justicia cuando una niña o mujer sabe que le creyeron y puede denunciar, lograr sentencia y recibir una reparación digna y transformadora”. Para Lilian Wug, directora de la asociación Nuevos Horizontes y del CAIMUS de Quetzaltenango, la justicia no se obtiene con una simple sentencia condenatoria: “La justicia integral implica la restitución de derechos a las sobrevivientes: recuperar su proyecto de vida, salud física y emocional, ingresos propios… Vivir en paz”, opina.

“Para hacerlo posible, el Estado debe garantizarles servicios integrales sensibles, con pertinencia cultural y enfoque de género y de derechos”, explica Wug. No obstante, a menudo esta responsabilidad recae en organizaciones no gubernamentales como los CAIMUS, que han de recurrir a la cooperación internacional para seguir funcionando.

Juliana y Laura recibieron atención psicológica gracias a los servicios gratuitos de los CAIMUS. Laura pudo retomar sus estudios y encontrar trabajo. “Estoy en una de las mejores etapas de mi vida”, dice conmovida, “porque me he recuperado, soy una mamá feliz y me siento capaz de afrontar los retos que se me presenten”.

Juliana también ha trabajado en fortalecer su amor propio. “Gracias a la terapia y a mis amistades, comencé a ir al gimnasio y a cuidar más mi salud”, cuenta. Pero su camino sigue siendo difícil: “A veces me siento cansada. El proceso desgasta emocionalmente y me obliga a invertir tiempo y dinero. Pero quiero que mis dos hijas me vean como un ejemplo, que sepan que las mujeres no debemos callar ni renunciar a derechos”.

Sueña con continuar sus estudios universitarios. “Tal vez pueda estudiar derecho y convertirme en abogada defensora de otras mujeres”, dice. “Con todo lo que me ha tocado vivir y afrontar en los juzgados, creo que ya he aprendido algo”, sonríe.

*En los casos descritos se usan nombres ficticios para proteger la seguridad de las fuentes.