Las mujeres a las que la Justicia no quiere escuchar

En Sacapulas, al norte del departamento de Quiché, en 2021, Laura y Rosa fueron atacadas por los autodenominados “grupos de seguridad” del municipio. Relatan cómo las golpearon, les cortaron el cabello y las desnudaron en la calle frente al resto de la comunidad. Al intentar denunciarlo tuvieron el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), pero denuncian que el MP no quiso abrir expediente. Aterrorizadas, tuvieron que huir a otro municipio.

En febrero de 2025, en Ciudad de Guatemala, Melissa fue agredida por una colega de trabajo. Presentó pruebas al MP por violencia física, psicológica y emocional. Cuenta que la trataron como a una enferma contagiosa. “Aléjese a un metro de distancia”, dice que le dijeron en el momento de tomarle testimonio. “Ese caso no vale la pena”, dice que le dijeron cuando terminó de contar lo sucedido, y tuvo que insistir para que le tomaran formalmente la denuncia. Una semana después le llamaron: “su denuncia no tiene peso y la vamos a desestimar”.

Guatemala es un territorio de impunidad. Datos de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), señalan que el 90 % de las denuncias que llegan al MP cada año son desestimadas. En el caso de mujeres trans como Cristina, Laura, Rosa o Melissa, el porcentaje es aún mayor, según denuncian organizaciones de derechos humanos.

Policías que no valoran su testimonio, fiscales que se niegan a tomar denuncias, casos desestimados sin explicación y, como una constante, la negativa a tratarlas acorde a su identidad de género. Cristina se lamenta: “Hemos normalizado la discriminación”, dice. “Ya estamos acostumbradas”.

Galilea Montejo, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans (REDMMUTRANS), es rotunda: “Cuando se presentan denuncias por discriminación, extorsión, despido injustificado u otra violencia, sea física, psicológica o sexual, somos despreciadas, discriminadas, vistas con asco y miedo. Nos reciben la denuncia casi por obligación, y luego de tres o cuatro semanas la desestiman”, denuncia. “Pareciera que ser una persona trans es en sí un delito”. Montejo remarca que desde el 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no incluye la transexualidad en su lista de trastornos mentales, pero denuncia que en Guatemala parecen no haberse enterado. “Pareciera que el personal del Sector Justicia no ha sido capacitado en derechos humanos e inclusión”, dice.

El reporte “Agresiones contra personas LGTBIQ en Guatemala quedan impunes”, publicado en 2024 por la organización regional Expediente Público, menciona que en 2023 se registraron 12 asesinatos de personas trans según los datos del MP. “En todos los casos los responsables siguen impunes”, recoge el documento, que sigue: “En promedio el Ministerio Público recibió 20 denuncias diarias por discriminación o violencia contra la comunidad LGTBIQ (lesbianas, gais, transgénero, transexuales y travestis, bisexuales, intersexuales y queer). En muchos casos, las denuncias no se investigan adecuadamente, o las víctimas y sus familias enfrentan intimidación y amenazas, lo que dificulta el seguimiento de los procesos legales”. El informe también reporta que en 2023 solo 90 casos de agresiones físicas y verbales contra personas LGBTIQ lograron un inicio de investigación en Guatemala.

Un problema de gran escala

Montejo, de REDMMUTRANS, denuncia un patrón amplio de discriminación social en la mayoría de instituciones del Estado: “Como mujeres trans no tenemos reconocimiento legal, a pesar de que ya el RENAP reconoce el cambio de nombre”, dice. La activista asegura que la mayoría de mujeres trans son rechazadas y expulsadas por sus familias, excluidas del sistema educativo, las empresas en general no las contratan por lo que las opciones laborales son reducidas, y el crimen organizado las extorsiona. Denuncia también que el MP no ha conformado una fiscalía para la población LGBTIQ y solo algunos jueces y juezas han recibido cursos sobre diversidad sexual en la Escuela de Estudios Judiciales.

“El resto, ni policías, ni fiscales, ni el personal técnico y administrativo de atención al público en las distintas sedes del Ministerio Público y juzgados, jamás han sido formados en derechos y la eliminación de prejuicios discriminatorios contra la población trans, gays, lesbianas o bisexuales”, dice.

Al consultar a Renata López, responsable de Prensa del Ministerio Público, por la ausencia de protocolos específicos para atender las denuncias de la población LGBTIQ, y acerca de la solicitud de organizaciones de Derechos Humanos para que se incluya información sobre identidad de género al atender denuncias, en su respuesta se limitó a indicar que la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) del MP cuenta con una ventanilla especial para atender a personas LGBTIQ.

Solo la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene una Defensoría para personas de la diversidad sexual y cuenta con directrices específicas de atención ante denuncias de violación de derechos humanos. Según Montejo, el hecho de que el MP se niegue, o carezca de sistemas para registrar de forma adecuada la identidad trans o, en general, la identidad de género de la persona denunciante o la víctima, dificulta conocer la dimensión real de la violencia y la naturaleza de los delitos que las mujeres trans sufren.

Al menos desde 2012, organizaciones de la sociedad civil como OTRANS han solicitado al Ministerio Público que incluya en sus formularios de registro de denuncia una casilla que reconozca la identidad de género u orientación sexual de las personas. De igual manera, exigen al Ejecutivo la elaboración e implementación de una política pública específica, acorde con la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que manda a los Estados reconocer la expresión e identidad de las personas trans. OTRANS también insiste en la necesidad urgente de que las instituciones de Seguridad Pública y el sistema de Justicia creen protocolos específicos para investigar crímenes de odio y otras formas de violencia contra personas diversas.

Actualmente la Comisión para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), dependiente del Ejecutivo, impulsa una estrategia nacional para las personas LGBTIQ, pero sus aportes no son vinculantes, la estrategia no contempla un presupuesto de ejecución, y no incluye a los organismos del sector Justicia, señala Montejo. Desde COPADEH lo confirman: “Se trata de una Estrategia para la Inclusión en Derechos de la comunidad LGBTIQ+, una herramienta de planificación del Ejecutivo para transversalizar la inclusión en los ministerios responsables de atender y proveer servicios, como MSPAS, MINGOB, MINEDUC, MINTRAB…”, explica Flor de María Salazar, subdirectora ejecutiva de la comisión. “Copadeh hizo una consulta en once departamentos con participación de los colectivos y representación de los 22 departamentos del país, y se identificaron los desafíos y brechas que debe atender el ejecutivo. Pero el tema de acceso a la justicia corresponde a otro poder del Estado”, aclara.

Adriana Astolfi, de OTRANS, cuenta que su organización acompaña múltiples casos de transfemicidios y en muy pocos ha logrado sentencias. “Cuando acuden al MP, las mujeres afrontan risas, burlas y discriminación”, dice. “Al ver a mujeres trans, con voz grave y documentos de identidad que no coinciden con su nombre social, les niegan el derecho a que la denuncia incluya su identidad y les exigen llevar el proceso como hombres. Es una clara barrera para el acceso a la justicia, porque la identidad de género es un aspecto clave en la violencia que han sufrido”, reclama.

“El sistema de justicia no reconoce lo que nos pasa en estos cuerpos”, denuncia Astolfi, “por eso no nos atiende”.

Con información de Daniel Ramírez.

*En los casos descritos se usan nombres ficticios para proteger la seguridad de las fuentes.