DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

A Cristina*, cuando en 2022 acudió a la fiscalía de su municipio, en Petén, para denunciar las amenazas, la trataron con sarcasmo. Cuenta que llegó al Ministerio Público (MP) a las once de la mañana y hasta las cuatro de la tarde la atendieron. No importó su valentía de 20 años antes, cuando fue testigo en un caso de asesinato y ayudó a lograr una condena. Ahora el criminal, ya libre, dijo que iba a matarla, pero a la secretaria que tomó la denuncia no parecía importarle. “¿Cómo dice, joven?”, dice que le repetía. Ocho días después le informaron que su denuncia había sido desestimada.

La Ley de Aceptación de Cargos, vigente desde 2022, permite a los acusados de violencia contra la mujer evadir la cárcel y debilita tanto la voz de las víctimas como su derecho a recibir reparación. En un país en el que prima la impunidad, abogadas y defensoras de derechos humanos denuncian que las estadísticas de condenas esconden una maquinaria que abusa de la vulnerabilidad y la necesidad económica de quienes sobreviven a la violencia machista.