La lucha política que nació a las orillas del lago de Atitlán

Las calmadas aguas cristalinas del Atitlán fueron por décadas el sustento diario de los diez municipios que rodean el lago. Pero en 2009 la aparición de una cianobacteria que tiñó de amarillo el agua generó alarma y sacudió la política local. Mientras autoridades municipales y nacionales debatían las causas y se buscaban responsables, los vecinos y vecinas de San Pedro La Laguna comenzaron a organizarse para limpiar su ribera. Siguieron haciéndolo durante años, pero la contaminación fue en aumento.

Salvador Quiacain recuerda que pequeños grupos de mujeres limpiaban casi a diario, por iniciativa propia, las playas de sus cantones y sectores. Hasta que decidieron organizarse. “Eran por lo menos 300, y las articulamos porque estaban dispersas”, dice. “Buscamos algún apoyo para valorar el trabajo que hacían y se empezaron a realizar charlas sobre el agua para empoderarlas”.

Quiacain tiene 78 años y lleva 58 involucrado en diversos grupos civiles, sociales y políticos de San Pedro. Fue alcalde municipal de 1993 a 2000. Explica que el colectivo Tz’unun Ya’ y Guardianas del Lago nacieron en aquel momento para impulsar las acciones de limpieza del Atitlán, pero también en busca de soluciones de largo plazo para los pueblos del lago desde una perspectiva de justicia ecológica.

Desde 2009 a 2016 se dedicaron a la limpieza de las orillas del lago en su municipio, pero pronto se dieron cuenta de que no era suficiente. No querían “quedarse como recogedoras de basura toda la vida”, explica Quiacain, que junto a Nancy González y Josúe Chavajay empezó a tomar acciones para mover a la ciudadanía “a exigir sus derechos y participar en los espacios de toma de decisión”, según sus palabras.

González, una mujer maya tz’ujtujil de 38 años que actualmente coordina a las Guardianas del Lago, explica que organizan de forma regular talleres y capacitaciones para que las mujeres de San Pedro “conozcan su derecho a participar”. En muchos de esos talleres y charlas se explica el funcionamiento de la burocracia pública para, dice, “conocer el sistema que no permite avanzar” sus luchas ambientales.

Una lucha más grande que el lago

Una de las mujeres que desde 2009 limpia las playas del municipio, Virginia Samoa, se muestra convencida que la participación ciudadana genera cambios e incidencia, “Somos ambientalistas, y estamos conscientes de que participar en la política es necesario para proteger Atitlán, porque muchas veces son las decisiones políticas tomadas en otros lugares las que nos vienen a afectar, como la falta de regulación del uso del plástico”, dice.

Según Samoa, las Guardianas del Lago alcanzaron esta claridad estratégica en 2019, cuando promovieron un acuerdo municipal para prohibir el uso de plásticos y les llovieron acciones legales en su contra. Ese mismo año, la Asociación Amigos del Lago de Atitlán quiso construir y poner en marcha un mega recolector de aproximadamente 215 millones de dólares. La idea era construir una amplia red de tuberías para las aguas negras y después, por ley de la gravedad, sacarlas de la cuenca y drenarlas en los municipios costeros. El rechazo de los vecinos fue generalizado. Por la cercanía de la Asociación con el sector empresarial, temieron que la medida fuera un primer paso hacia la privatización del agua y terminara beneficiando a megaproyectos de caña y palma africana en la costa sur guatemalteca.

Ana Dapolito directora ejecutiva de Amigos del Lago, señala que aquello fue únicamente una propuesta, que se entregó al gobierno en turno pero que no hubo seguimiento para ejecutarlo, y argumenta que el trabajo de la organización “involucra a las poblaciones alrededor del lago” de Atitlán para el cuidado del recurso hídrico. “La propuesta se hizo con base en una solicitud de AMSCLAE con el tema de las aguas residuales”, dice. La Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) es una institución gubernamental dependiente de la vicepresidencia de la República. “Se trabajó un estudio junto con las universidades de Guatemala pero fue solo un estudio y una propuesta. El proyecto incluía, si mal no recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, todo el tratamiento primario porque ningún proyecto futuro es viable si no hay tratamiento primario”, argumenta.

Dapolito sostiene que el problema de las aguas residuales en el lago de Atitlán es “muy grande” y que una asociación “pequeña” como Amigos del Lago no la puede ejecutar sola.

Las Guardianas presentaron una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) alegando que el proyecto violaba el derecho a la consulta previa a los pueblos originarios, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Finalmente, la presión social hizo que el proyecto no avanzara. La CC otorgó el amparo a los comunitarios y resolvió que “cualquier intervención que en la cuenca del lago debía suspenderse hasta que se realizará un proceso de consulta comunitaria.

“Fue la prueba de que desde la sociedad civil se puede incidir y participar”, dice González de aquel logro. Vieron claro, explica, “que la participación ciudadana marca precedentes”.

A partir de entonces han buscado nuevas herramientas para fortalecer su conocimiento y empoderamiento, y han fijado la mirada del colectivo en un solo punto: “Sin participación política nacional no existe incidencia en el cuidado del lago de Atitlán”, expresa González.

La lideresa de las ambientalistas explica que, en esa línea, las Guardianas consideran una meta clave la disputa por la independencia de las Cortes en Guatemala. “Tiene que ver con el acceso a la justicia climática”, argumenta. “Con que haya juzgados y fiscalías especializadas para que no exista impunidad ecológica. Y podemos incidir para lograrlo, por medio de nuestra participación como ciudadanos”.

Tiempos de represión

2023, con el paro nacional que siguió a las elecciones y la persecución de activistas que siguió a aquellas protestas, hizo ver sin embargo a las Guardianas que la participación podía tener un costo alto. Temieron terminar presas.

El 24 de octubre de aquel año se trasladaron hasta la capital y realizaron en la Zona 4 un performance frente a la Cámara de la Industria (CIG). Llamaron a aquella protesta “La procesión de la basura”. Querían denunciar que en Guatemala no existe ninguna regulación a la distribución y uso de bolsas de plástico y otros productos contaminantes, así que se coordinaron, recolectaron parte de la basura que de forma constante termina en el lago de Atitlán y recorrieron 81 kilómetros para arrojarla ante la sede de los industriales. “Queríamos traerles de vuelta la basura que generan las industrias”, explica Quiacain.

“Nosotros limpiábamos los lagos, los ríos, pero si el sistema sigue generando plástico y basura contaminante; nuestra realidad nunca va a cambiar”, explica. “Por eso se tomó una medida más directa. Queríamos que todos vieran”.

El performance, una analogía de la procesión de las frutas que se realiza cada Miércoles Santo en San Pedro la Laguna y otros pueblos tz’ujtujil, abrió el debate sobre la responsabilidad de las grandes compañías que producen plástico en la contaminación ambiental, aunque representantes empresariales rechazaron ser los culpables del problema: “Utilizamos envases de plástico, vidrio, cartón o metal para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. El material de empaque es un avance de la industria”, declaró el mismo día de la protesta Enrique Lacs, Director Ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que alegó que el sector industrial hace “lo que le corresponde en cuanto a la preservación del medio ambiente” y se defendió: “La industria nacional no tira empaques en los ríos. Eso lo hace el consumidor final”.

Pablo Penelue tiene 33 años y participa desde hace cuatro en el colectivo Tz’unun Ya’, que alberga a las Guardianas del Lago. Cuenta que llevaban tiempo pensando que su trabajo de formación y generación de conciencia a nivel comunitario “quedaba solo en iniciativas muy localistas”. “Las acciones no trascendían hasta los espacios de toma de decisiones”, lamenta.

“Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente pasa por decisiones políticas, y ahí vimos un vacío”, explica. “Decidimos que no podíamos tener únicamente la acción comunitaria, y comenzamos a llevar la incidencia al nivel departamental y al nacional”.

Les indignaba, además, la criminalización de activistas durante el periodo de Consuelo Porras como Fiscal General. Ellos sufrieron ataques relativamente menores, como campañas de difamación en redes sociales; nadie en el colectivo sufrió persecución directa. Pero se sentían golpeados por las historias de los más de 100 guatemaltecos que tuvieron que salir al exilio. En vez de autocensurarse o retirarse a sus comunidades, se convencieron todavía más de que tenían que involucrarse en luchas a escala nacional.

Los ojos puestos en 2027

A lo largo de este 2026, las Guardianas han organizado constantes reuniones de actualización sobre participación ciudadana. “Una ciudadanía informada es una ciudadanía que se empodera”, remarca Peneleu. Por eso en los meses en que se celebraron elecciones de segundo grado para nombrar al nuevo Tribunal Supremo Electoral, a la CC y a quien debía suceder a Porras al frente del Ministerio Público, organizaron un foro: “El llamado del Agua”, que reunió a autoridades comunitarias de todo el departamento de Sololá.

En marzo de 2026, en Panajachel, Sololá discutieron sobre el proceso político y sus posibles formas de incidencia, y emitieron un comunicado exigiendo la no reelección del cuestionado magistrado de la CC Roberto Molina Barreto. Asimismo, rechazaron que Consuelo Porras siguiera criminalizando a autoridades ancestrales.

“Molina Barreto fue el que dijo en 2019 que el proyecto del mega recolector no violaba el derecho a la consulta a los pueblos. Él fue el ponente de la resolución en aquel caso y quien justificó que no se hubiera consultado a los pueblos originarios de la zona”, dice Peneleu. También votó en contra de los intereses de las comunidades del lago en la resolución con la que la CC anuló el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, recogido en el acuerdo gubernativo 164-2021 y su reforma 184-2023, que establecía la clasificación obligatoria de la basura para su disposición selectiva y posterior reciclaje. “Esa otra resolución fue un atentado directo contra nuestro trabajo como ambientalistas”, se queja el activista. El argumento de la CC fue que el reglamento vulneraba la autonomía municipal y excedía las atribuciones de un ministerio.

“Por eso para el colectivo, es de vital importancia seguir informando a la población”, defiende Nancy González. Durante el encuentro “El llamado del Agua” también se explicó a los líderes comunitarios cómo están estructurados los poderes del Estado, quiénes ocupan las posiciones decisivas, “y también cómo había intereses oscuros detrás de estos personajes para mantenerse en el poder”, explica la lideresa de las Guardianas del Lago. “Lo que hagamos en los territorios impactará en cómo están estructuradas las cortes, y en sus decisiones relacionadas con las luchas territoriales”, resalta.

“Nos niegan el derecho a la consulta, y reactivan operaciones mineras en territorios donde las luchas sociales habían rechazado y logrado frenar estos proyectos”, denuncia. “Actualmente no hay una corte balanceada que resuelva a favor de derechos de los pueblos originarios”.

Las Guardianas también participaron en varias manifestaciones contra Consuelo Porras y movilizaron a sus vecinos para que entendieran la conexión entre elecciones como la del MP y sus necesidades cotidianas. “Empezamos a trabajar un taller para explicar cómo se elige a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, al Fiscal General o a la Corte Suprema de Justicia”, explica González. “Si bien nosotros no votamos en esas elecciones, sí votan los representantes a quienes elegimos cada cuatro años para estar en el Congreso, así que sí podemos ser vigilantes del proceso”.

El nuevo horizonte de las Guardianas del Lago son las elecciones generales de 2027. A más de siete meses de la votación, al sur del lago de Atitlán, este grupo de mujeres ya ha celebrado sus primeras reuniones de preparación y planificación: dicen que van a realizar charlas y talleres para que sus vecinos y las poblaciones del departamento conozcan a los candidatos a la alcaldía y a las diputaciones. Saben bien que el lago se defiende en San Pedro, pero también en la capital.