Dalila Mérida, una defensora de derechos en la Costa Sur de Guatemala

En Guatemala, organizarse para alzar la voz y defender la tierra, el territorio y los derechos individuales y colectivos, puede marcar la vida de quien opta por apoyar a su comunidad y no callar ante una injusticia.

Esta realidad tiene uno de sus rostros representativos en Dalila Mérida, una mujer cuya historia personifica la resistencia de una dirigencia campesina golpeada por la criminalización y, al mismo tiempo, simboliza la lucha social en la Costa Sur de Guatemala.

Mérida es parte del Comité de Unidad Campesina (CUC) desde el año 2007. El CUC es una organización mixta que surgió en el año 1978 y tiene presencia en varias regiones del país. Entre sus actividades está la lucha por la tierra, defensa del territorio, impulso de la economía indígena y campesina y la defensa de defensores de derechos humanos. Dalila recuerda que decidió integrarse con el fin de participar de manera más cercana en el acompañamiento comunitario.

“Con el tema de gestión de riesgo, empecé a acompañar comunidades en el municipio de La Blanca en San Marcos, dichas comunidades son las que más sufren las inundaciones en tiempo de invierno”, relata Dalila.

Originaria de Coatepeque, un territorio ubicado en la bocacosta de Quetzaltenango, la vida organizada la ha llevado a acompañar diversos procesos de lucha, entre ellos, la defensa del derecho al acceso a la tierra, la protección de derechos laborales y la conservación del agua.

Su labor se extendió rápidamente a múltiples frentes de defensa colectiva, integrándose al Consejo Regional del CUC. Casi una década más tarde, en el año 2016, debido a su trabajo de acompañamiento en defensa de los derechos laborales en la Costa Sur, fue acusada del delito de usurpación agravada.

El motivo de esta persecución penal, como cuenta, se debió a su rol activo como dirigente regional del CUC, de manera específica, por brindar acompañamiento legal y organizativo a 315 extrabajadores de la Finca San Gregorio Piedra Parada que habrían sufrido una serie de abusos laborales y actos de represión durante varias décadas.

“Estoy criminalizada por defender derechos”, expresa Dalila.

La Finca San Gregorio, dedicada a la agroexportación de hule, es propiedad de las empresas Comercial Agrónomo Pecuaria Quihuit, S.A, y Grupo Quintanal, que según medios como el Observador GT, están vinculadas a las familias Campollo y Quintanal, que pertenecen a sectores de alto poder económico tradicional de Guatemala.

El año que Dalila cambió de vida

El sábado 24 de septiembre de 2016, la vida de Dalila Mérida dio un giro inesperado. Acababa de concluir su jornada de clases del segundo semestre de Derecho en la Universidad Rural en Coatepeque, Quetzaltenango, cuando fue interceptada y detenida.

Esa misma noche, un juez de turno ordenó su traslado a la prisión de mujeres de Quetzaltenango. La captura coincidió cuando el CUC desarrollaba su XI Asamblea Nacional.

“Mis hijos estaban pequeños cuando me llevaron detenida, ellos miraron, fue bastante triste para mí, fue bien feo”, expresa Dalila al recordar los ocho días que permaneció encarcelada en Quetzaltenango. “De ahí para acá ha sido una pesadilla”, explica, al advertir que, a pesar de los años transcurridos, la persecución no ha cesado.

Los reclamos laborales contra la Finca San Gregorio Piedra Parada

El trasfondo del conflicto en la Finca San Gregorio Piedra Parada expuso uno de los fraudes corporativos más grandes contra la clase trabajadora de la Costa Sur de Guatemala, según denuncia el CUC y recogen varias publicaciones periodísticas.

Durante décadas, según denuncias de los extrabajadores, se les descontó mensualmente la cuota del seguro social, un rubro que la Finca retenía con la obligación de trasladarlo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), situación que jamás ocurrió.

De acuerdo con registros documentales y denuncias de organizaciones sociales, 315 extrabajadores fueron estafados durante casi treinta años. Cuando estas personas, con edades de entre los 70 y 95 años, intentaron gestionar sus jubilaciones se enteraron de que sus cuotas nunca fueron pagadas ni reportadas al IGSS. Ochenta y una de estas personas ya fallecieron y 180 siguen pendientes de resolver su situación en el Seguro Social, de acuerdo a los registros del CUC.

Francisco Elías Ventura, quien hoy tiene 79 años de edad, cuenta que trabajó 38 años en la Hacienda La Asunción y en la Finca San Gregorio Piedra Parada. Cada mes le descontaban 5% de su salario. “Ellos no entregaron ese dinero al IGSS y uno lo que está reclamando son sus derechos. Yo trabajé. Ya se desgastaron mis fuerzas, ya se sudó amargamente en esos trabajos”, dice Ventura. Él lleva más de veinte años reclamando su derecho de jubilación.

El 20 de junio de 2016, los extrabajadores y el equipo del CUC realizaron un plantón pacífico en el casco de la Finca, con el objetivo de abrir el diálogo. “Estuvimos tres días ahí, pero nunca nos atendieron, lo que hicieron fue denunciarnos”, relata Dalila.

Además de ella, en septiembre de ese año, se capturó a un compañero de trabajo de la oficina del CUC en Coatepeque y a tres extrabajadores de la finca.

Monocultivos y abuso laboral en la Costa Sur

La criminalización contra Dalila Mérida por la defensa de derechos laborales no se comprende sin entender el contexto socioambiental de la Costa Sur de Guatemala.

Inés Chajil, integrante del Consejo de Coordinación Nacional del CUC, señala que, año con año, los empresarios acaparan la tierra de la región, talan árboles para dar paso a la caña de azúcar, hule, banano y palma africana. Esta expansión de los monocultivos, dice Chajil, ha traído repercusiones ecológicas y socioeconómicas que padecen miles de familias campesinas. Las fumigaciones aéreas, la quema de la caña, produce contaminación ambiental que afecta la salud de las comunidades aledañas.

Yolanda Reyes, quien vive en el Parcelamiento el Pital del municipio de Coatepeque, expone la realidad de vivir cerca de los monocultivos: “Aquí hay siembra de palma y de banano, y nos han robado el agua de los ríos y los pozos se han secado”.

Chajil refiere que los campesinos se han quedado sin espacios físicos para cultivar sus propios alimentos, y siembran en condiciones precarias en los márgenes de las grandes plantaciones. “Nosotros les decimos las zanjonadas porque es ahí donde pasan los riachuelos”, señaló.

En lo laboral, la situación también es desoladora. Chajil denuncia que en la región se registran constantemente casos de violaciones graves a los derechos laborales en contra de los trabajadores de las fincas.

En el estudio sobre Condiciones Laborales de Trabajadores Agrícolas de Palma elaborado en el 2025 por el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, CONDEG, se confirma que en el sector agrícola de palma existen brechas estructurales entre la normativa legal y la realidad operativa.

En cuanto al Seguro Social, el estudio señala que persiste un patrón de descuentos salariales obligatorios hay carencia de servicios básicos de salud en las comunidades y los contratos laborales no ofrecen certeza jurídica.

Manuel Pérez, procurador laboral de CONDEG, explica que, aunque el estudio refiere al sector agrícola de la palma, no se descarta la misma situación para quienes trabajan en otras fincas de monocultivo. La mayoría de los jornaleros de las fincas de esta región carecen por completo de garantías laborales, afirma.

El acoso judicial que no cesa

Tras casi una década de que Dalila Mérida fuera criminalizada por defender derechos laborales en la Costa Sur, el 26 de enero de 2023, un órgano jurisdiccional dictó una sentencia absolutoria.

El fallo, como explicó para este reportaje la abogada Margarita Choguaj, integrante del equipo jurídico del CUC, determinó que las pruebas aportadas por la acusación únicamente la ubicaban en el lugar de los hechos en su calidad de acompañante comunitaria, pero no acreditaron en ningún momento actos ilícitos por su parte. Posteriormente, el 16 de octubre de 2023, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu confirmó dicha absolución.

No obstante, en 2024, como detalla Choguaj, la entidad Comercial Agrónomo Pecuaria Quihuit, S.A en calidad de querellante adhesiva y propietaria de la finca San Gregorio Piedra Parada, representada legalmente por Pedro Efraín Santizo López según consta en los registros de Guatecompras, interpuso “un recurso de casación de fondo” con el propósito de cuestionar la sentencia absolutoria. Por su parte, el Ministerio Público, como añade la abogada, presentó un “recurso de casación de forma” contra la sentencia de segundo grado.

El 10 de septiembre de este año, el equipo jurídico del CUC fue notificado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de anular el fallo que confirmaba la absolución de Mérida y ordenó a la Sala de Apelaciones emitir “una nueva resolución debidamente fundamentada”. A partir de esta decisión, según Choguaj, se abre la posibilidad de que la Sala modifique su criterio.

La administración de la Finca San Gregorio ha evitado emitir pronunciamientos públicos, limitando sus argumentos a los litigios judiciales en Coatepeque, donde sostienen que la compraventa de la propiedad los eximió de las deudas del IGSS anteriores a 1998.

Para este reportaje se intentó contactar a Romeo Sabio Andrés Quiñónez Ramírez, abogado que representó a Comercial Agrónomo Pecuaria Quihuit S.A. en el caso contra Dalila Mérida, y a la abogada Blanca Etelvina Castellanos, que estuvo a cargo de la constitución de la empresa, pero al cierre de la publicación no se obtuvo respuesta.

La vida organizada como respuesta

La criminalización y persecución en contra de quienes acompañan comunidades y defienden derechos se ha incrementado en los últimos años, lo que genera profundas secuelas en la vida de los defensores del territorio.

El informe “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en 2025, señala que la criminalización de dirigentes comunitarios, acusados de delitos como usurpación agravada, persiste y se ha intensificado en los últimos años.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), en un informe de 2025 documentó más de 5 mil 200 agresiones contra defensoras y defensores; de ese total, 1 mil 605 se dirigieron contra mujeres.

Sin embargo, la historia de Dalila Mérida demuestra que la política del miedo no es suficiente: “Lejos de darme miedo o terror de haber estado detenida y conocer cómo es la situación dentro de un centro de detención, yo creo que eso me dio más cólera, acompañada de fuerza y ánimo, porque no es justo que a uno le hagan eso tan solo porque uno está defendiendo derechos”, dice.

La resistencia de Dalila Mérida demuestra que, pese a la persecución penal y las agresiones del modelo agroindustrial, la organización de las y los trabajadores es la propuesta más firme para defender los derechos en la Costa Sur de Guatemala.