Delfina Chavajay y la defensa del mercado de San Pedro La Laguna

Hoy enfrenta cuatro juicios y los abogados renuncian uno tras otro a su defensa. Ni su rutina en el mercado es la misma de antes: ahora, esta mujer tz’utujil, de 36 años, solo permanece 6 horas en su puesto de verduras en el mercado, el lugar donde creció mientras ayudaba a su mamá, hasta colocar su propio negocio a los 20.

En enero de 2025, sus compañeros la propusieron como representante de los arrendatarios y ese fue el año cuando la Municipalidad de San Pedro La Laguna y los vendedores chocaron a raíz de la decisión de las autoridades de trasladar el mercado por las buenas o por las malas.

Delfina es representante porque fue la única que aceptó el cargo: “Logró unirnos, dio la cara, habló ante las autoridades municipales y no tuvo miedo”, contó Alfonso Cruz, otro vendedor.

La tensión aumentó gradualmente en el 2025: la primera vez, hombres encapuchados llegaron con hachas y motosierras a demoler los puestos de venta; después, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos que afectaron a vendedores y vecinos (incluso un colegio denunció que los alumnos corrieron riesgo, según un comunicado). Al tercer desalojo, el mercado quedó sin techo y sin paredes.

Esta reportera intentó comunicarse en varias ocasiones con la alcaldesa Cándida González Chipir u otra autoridad municipal para conocer su versión; a pesar de las llamadas telefónicas y del mensaje al correo oficial de la municipalidad, no hubo respuesta.

Una vez destruidos los puestos de venta, en septiembre de 2025, los vendedores manifestaron liderados por Delfina Chavajay hasta que fue detenida. Ese fue el día cuando los policías la llevaron agarrada de los brazos y ella perdió un zapato en medio del forcejeo: un juez la escuchó 20 días después. Aunque el Ministerio Público (MP) exigió una caución económica de Q4 mil, el juez solo ordenó que Delfina se presentara una vez al mes a firmar el libro de libertades en la fiscalía del municipio, explica Clara Mariaka, delegada de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), observadora del proceso.

Según consta en Guatecompras, la Municipalidad de San Pedro La Laguna pagó la alimentación de los policías que participaron en los desalojos.

El acta 2025-5475 de la delegada departamental de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos documenta que Delfina y los vendedores buscaron un diálogo con las autoridades municipales, pero estas se negaron. Mariaka afirma que intentó tener una audiencia privada con la alcaldesa González Chipir, pero no la atendió y, en su lugar, la recibió Amarilis Martín Cumes, gerente municipal.

Según Mariaka, Cumes se refirió a los vendedores como “un grupo de rebeldes que alteran el orden y el ornato. No es un desalojo, es una reubicación”.

Las batallas de Delfina se abrieron a más frentes: el Consejo de Ancianos la llamó terrorista, explica Mariaka, quien también advierte una relación perniciosa entre este órgano y la municipalidad: “Ellos son allegados a la alcaldesa. Es un conflicto de intereses porque bajo la perspectiva de los pueblos, las autoridades ancestrales están al servicio de la comunidad. Es algo ad honorem, pero ellos están recibiendo dinero”, señala.

Se refiere a un pago de Q1 mil mensuales a cada uno de los siete integrantes del Consejo de Ancianos que la municipalidad les entregó de marzo a diciembre de 2025, en apoyo a sus actividades sociales y culturales, se lee en el documento firmado por la Secretaria Municipal, el cual añade, además, que “el pago se debe a que velan por las buenas costumbres, principios y valores de la comunidad”.

Un exintegrante del Consejo Ancestral, quien solicitó no ser identificado en esta nota, confirmó que las autoridades ancestrales estuvieron presentes durante los desalojos, lo cual aún le parece que “no es su función, pues su misión es mediar para resolver conflictos y no ir en contra de la población”.

Por su parte, Germán Xet Ajic, integrante del Consejo de Ancianos, argumentó que el estipendio que reciben son viáticos por hospedaje, alimentación y transporte en comisiones que realizan, cuyos motivos señala como confidenciales por tratarse de asuntos de instituciones locales. Añadió que el Consejo no es contratista de la Municipalidad de SPLL, sino que mantiene relación por atender en conjunto a necesidades regionales.

“No hay que prestarle atención a esta gente (los vendedores) porque inventan calumnias de que el Consejo de Ancianos ha sido comprado por la administración municipal y eso no es así”, señaló Xet. Agregó que “no hay mercado antiguo, solo se ha arrimado la gente allí conforme el tiempo…”. Sobre los desalojos, expresó que “la gente se mete en lo que no tiene que repetir y no tiene el concepto”. Según el entrevistado, desalojos no es el término correcto, sino desocupar el espacio.

Ahora Delfina vende su verdura en la calle “El Colibrí”, fuera del mercado antiguo: a la intemperie y en el suelo. A veces, una vecina les tira agua a los vendedores para ahuyentarlos, cuenta Mariaka. Delfina y sus colegas no se mueven al mercado nuevo porque, para ellos, el antiguo es patrimonio cultural del municipio.

La represión por la defensa de sus puestos de trabajo mantiene a Delfina bajo alerta: ella y sus compañeros temen próximos desalojos, pero no se detienen, incluso interpusieron un amparo para frenarlos.

El viernes 24 de julio de 2026 se llevó a cabo una audiencia en la Corte de Constitucionalidad. Sus compañeros Nicolás Tumax y Marta Cotuc narraron los hechos vividos por Delfina y los vendedores. El MP expresó que es evidente la violación al derecho de trabajo y comercio, por lo que solicitó una visita al lugar de los hechos para corroborar lo sucedido, así como el reconocimiento judicial a las víctimas.

Esto sorprendió a todos los presentes en la sala. “Los desalojos son una forma de violencia territorial que ha dejado consecuencias económicas y psicológicas a los vendedores”, aseguró Ana Francisca Pérez Conguache, comisionada presidencial de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA).

Delfina Chavajay representa la criminalización en contra de los vendedores del mercado municipal, dice Mariaka. En conjunto, ella y sus compañeros recibieron alrededor de 160 denuncias por desobediencia. Delfina dice que el ambiente en la calle “El Colibrí” es alegre y que los vendedores disfrutan de comercializar sus productos y acudir a su puesto. Otro vendedor comenta que sus compañeros temen futuros desalojos.

“Me motivaron más porque no estamos haciendo nada malo. Vecinos llegaban a decirme que fui valiente y que no me quedé callada”, dice Delfina en una entrevista para este texto. Su deseo es que los vendedores de San Pedro La Laguna permanezcan en el mercado antiguo, que es como un hogar para ellos.