Machacas: la defensa de un río que encabezan las mujeres en Puerto Barrios

El nombre indígena de Sandra Portela es Samac Iuy: “espíritu del agua”. Para ella no es solo un nombre. Desde la aldea Machacas Carretera, en Puerto Barrios, Izabal, se ha convertido también en una definición de la lucha que encabeza.

“Formo parte de un grupo de defensoras y defensores del sistema hídrico del río Machacas Carretera”, explica Portela, directora de Alternativas de Desarrollo para las Juventudes y las Mujeres (ADEJUM). El río lleva el mismo nombre de la comunidad y durante años sus aguas han servido para abastecimiento, baño, recreación y pesca artesanal de familias de Machacas Carretera y comunidades cercanas.

Ese vínculo explica por qué lo que podría parecer un conflicto exclusivamente ambiental se ha convertido para Portela en una disputa por el territorio.

La defensa del río no comenzó únicamente con las denuncias por contaminación. Desde ADEJUM, Portela y sus colegas han impulsado durante varios años acciones de educación ambiental dirigidas especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Front Line Defenders documenta que la organización desarrolla una escuela itinerante para el cuidado del ambiente a través del arte y que, desde 2020, promueve el proyecto comunitario “Protegiendo las Fuentes de Vida”, enfocado en el cuidado de los ríos y particularmente del Machacas.

En las actividades han utilizado el dibujo, la pintura, la fotografía y el video como herramientas para explicar la importancia de proteger el agua y la biodiversidad. ADEJUM también desarrolló el proyecto #HablandoDesdeMiRuralidad, mediante el cual adolescentes y mujeres jóvenes registran en imágenes la biodiversidad de sus comunidades. La organización incluso utilizó el propio río Machacas como escenario de un cortometraje sobre la protección de las fuentes de vida.

Un río del que dependen las comunidades

La comunidad denuncia que el sistema hídrico está sometido a distintas presiones: deforestación, lotificaciones, gasolineras y actividades empresariales próximas a quebradas, humedales y otros cuerpos que alimentan el río. Portela señala, particularmente, las operaciones de una empresa de origen hondureño a la que identifica como Cadelga o Grupo FERT, dedicada al negocio de fertilizantes. La defensora sostiene que algunos de los episodios de mortandad de fauna y afectación del agua se han producido aguas abajo de sus instalaciones.

Al cierre de esta publicación Cadelga no había respondido a las solicitudes de entrevista para abordar esta denuncia, las comunicaciones se hicieron por vía telefónica y correos electrónicos enviados a la compañía.

Sandra Portela describe Machacas Carretera como una zona de recarga hídrica vinculada a las montañas próximas al área protegida de Cerro San Gil y a la cuenca del Motagua. La defensa comunitaria, explica, ha obligado a sus habitantes a aprender también a leer mapas, buscar hojas cartográficas y reconstruir el recorrido del agua desde las montañas hasta las zonas habitadas.

Para las defensoras, conocer el territorio es una herramienta de protección.

“No solo hay que decir ‘quiero agua como un derecho humano’, hay que entrarle más allá a la investigación”, sostiene. Según sus cálculos, alrededor de 750 familias de distintas comunidades mantienen algún vínculo con este sistema hídrico. Allí convive población mestiza, maya q'eqchi' y familias descendientes del pueblo xinka.

La defensa del río adquirió una dimensión más urgente durante 2024. Ese año, según Portela, se produjo uno de los primeros episodios graves de afectación que las comunidades comenzaron a documentar. La organización vecinal llevó a que ella fuera elegida alcaldesa comunitaria y asumiera públicamente la defensa del Machacas.

A partir de entonces comenzaron también las denuncias ante instituciones estatales.

Portela asegura que se presentaron expedientes ante la Municipalidad de Puerto Barrios, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio Público, Gobernación y el Ministerio de Salud, entre otras entidades. La respuesta, dice, ha sido irregular. Mientras algunas instituciones han realizado inspecciones, jornadas médicas y actividades de reforestación, otras denuncias terminaron desestimadas o sin resultados satisfactorias para las comunidades.

Peces muertos y vecinos enfermos

La alarma volvió a encenderse en 2026. Portela relata dos episodios ocurridos el 7 de junio y el 22 de julio, en los que las defensoras encontraron peces muertos y observaron cambios en el río. Durante el segundo caso, varias personas ingresaron al agua para documentar la mortandad y recoger ejemplares con la intención de entregarlos a las autoridades.

Después comenzaron los síntomas. Portela describe irritación y ardor en la piel, mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y dificultades respiratorias entre algunas de las personas que tuvieron contacto con el agua. Según su testimonio, una jornada del Ministerio de Salud registró inicialmente 11 casos y posteriormente la comunidad contabilizó hasta 25 personas con síntomas, incluidos menores de edad. Uno de los vecinos que recogió peces tuvo que ser hospitalizado y Portela también buscó atención médica.

Hasta ahora, de acuerdo con su relato, las comunidades no conocen qué sustancia causó esas afectaciones y las instituciones del Estado no han proporcionado información de los supuestos agroquímicos que se habrían utilizado.

Ese vacío es precisamente uno de los reclamos.

Portela asegura que personal del MARN llegó dos días después del episodio del 22 de julio, pero no tomó muestras del agua debido a las dificultades para trasladarlas y procesarlas durante el fin de semana. La inspección recorrió parte del sistema hídrico, aunque las defensoras cuestionan que no pudiera avanzarse hacia todos los cuerpos de agua conectados con el río.

Por su parte, el MARN registró la denuncia por contaminación como una “investigación por descarga de aguas residuales en el río Machacas” con el número de expediente 1284-2026 según el Área de Cumplimiento Legal del ministerio.

Consultado al respecto, el departamento de comunicación detalló que el viceministerio de Ambiente del MARN realizó dos inspecciones conjuntas con el MP, los días 24 de julio y 11 de septiembre. Sin embargo, hasta la fecha, la indagación sigue a cargo de la fiscalía “por ser un delito tipificado en el código penal como contaminación”.

Defender el agua también tiene un costo

La defensa del Machacas no se ha limitado al monitoreo ambiental y esto ha generado diversos riesgos.

Portela señala campañas de desprestigio, intimidaciones y agresiones relacionadas con su trabajo como defensora. Afirma que ha tenido que enfrentar cinco desplazamientos forzados, cuatro dentro de Guatemala y uno fuera del país. También episodios de racismo y cuestionamientos hacia su identidad xinka y hacia el liderazgo de otras mujeres involucradas en la organización comunitaria.

A pesar de ello, durante 2025 y 2026 la comunidad comenzó a fortalecer una red colectiva alrededor del río. Organizaron actividades como el festival “Juega por el agua, juega por la vida”, en el que involucraron a niñas, niños y jóvenes y comenzaron a acudir en grupo a presentar denuncias.

Estas actividades se apoyan en un trabajo que ADEJUM había iniciado años antes. Desde 2020, la organización impulsa “Protegiendo las Fuentes de Vida”, una iniciativa de educación ambiental mediante el arte enfocada particularmente en el cuidado de los ríos. También ha promovido una escuela itinerante ambiental y proyectos audiovisuales y fotográficos en los que mujeres adolescentes y jóvenes documentan la biodiversidad de las áreas rurales. El Machacas ha sido, además, escenario y tema de algunas de esas producciones.

Para Portela, esa transformación importa porque rompe con el aislamiento de las personas que defienden el territorio.

“Defender un río, dice, es defender el planeta”.

Su exigencia va más allá de determinar quién provocó el último episodio de contaminación. La comunidad quiere que el Estado reconozca la importancia del sistema hídrico, investigue cada intervención que pueda afectarlo y garantice que las decisiones sobre el territorio incorporen a quienes viven allí.

Portela incluso plantea que parte de las tierras vinculadas al sistema hídrico puedan destinarse a conservación para protegerlas de futuras intervenciones.

La disputa por el Machacas muestra así una dimensión más amplia de la defensa territorial. Hay que establecer qué sustancia mató a los peces o enfermó a los vecinos. Pero además decidir quién puede intervenir un río, quién vigila esas actividades y cuánto pesa la voz de las comunidades cuando advierten que el agua de la que dependen está en peligro. Por todo eso, señala, es que se necesita una Ley de Aguas que sea incluyente con todos los sectores sociales para abordar estos problemas ambientales.

Para Sandra Portela y las mujeres de ADEJUM, la respuesta empieza en el propio territorio: conocerlo, documentarlo y organizarse para defenderlo.