Fiscalizar a oscuras: los obstáculos para acceder a información pública en Suchitepéquez

Omar Quiroa llegó a la municipalidad de San Antonio Suchitepéquez en junio de 2026 para hacer algo que, en principio, debería ser sencillo: entregar una solicitud de información pública. El empleado que lo recibió le dijo que tenía que consultar si podía aceptarla. Según cuenta, pasó más de media hora antes de obtener una respuesta y después apareció otro requisito: debía mostrar su documento de identificación.

Quiroa se negó argumentando que el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece los requisitos para presentar una solicitud: identificar a la institución, al solicitante y describir claramente la información que se busca. Nada dice sobre mostrar el DPI.

"Como ya sé, estos son parte de los intentos para no recibirte la solicitud", señala. Según su relato, abogados y funcionarios municipales terminaron recomendando al encargado que recibiera la petición.

No era una solicitud menor. El 26 de mayo de 2026 pidió a la municipalidad de San Antonio Suchitepéquez información sobre el presupuesto y ejecución de egresos, empleados y remuneraciones, compras directas, cotizaciones, licitaciones, actas del Concejo Municipal, expedientes de personal e informes de auditoría correspondientes a varios años.

Desde la municipalidad le plantearon que la información requerida era demasiado amplia y que reunir todas las actas podía tardar meses. También le pidieron reducir la búsqueda y decir específicamente qué documentos quería consultar.

Para él, esos episodios forman parte de una sucesión de obstáculos que aparecen cuando se intenta seguir el rastro del dinero municipal.

Para Edie Cux, abogado especialista en transparencia de Acción Ciudadana, exigir una copia o el número del DPI es una barrera que no contempla la ley. “Es una medida clásica que toman instituciones, en este caso municipalidades, que tratan de restringir o de intimidar a los solicitantes”, explica.

Cux considera que estas prácticas deberían ser objeto de vigilancia por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Una obra de Q2.6 millones

Uno de las obras que Quiroa busca fiscalizar está en el sector San Rubén, del cantón Mazá, en Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez. En el Sistema Guatecompras fue publicado el contrato 018-2025, adjudicado a la proveedora Ana Gabriel del Val Guerrero de Cifuentes para ejecutar el “mejoramiento de camino rural”. El contrato asciende a Q2 millones 635 mil 700 (alrededor de 320 mil dólares).

El plazo para la ejecución de la obra comenzó el 30 de octubre de 2025 y debía finalizar el 30 de marzo de 2026. Pero terminado el mes de agosto -cuatro meses desde la fecha prevista en el contrato- sigue inconclusa.

Según su testimonio, los trabajos estuvieron abandonados durante meses y la comunidad reclama que sean terminados respetando las características y la calidad establecidas.

La denuncia vecinal incluye otro señalamiento: en el lugar se colocó un rótulo anunciando el proyecto como terminado cuando todavía había trabajos pendientes. La obra, con el número de SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) 0354624 reporta 0 % de avance, pero una ejecución al 7 de septiembre de Q419 mil.

Frente a un eventual incumplimiento contractual, Cux explica que corresponde revisar las garantías previstas en el contrato. “Hay fianzas de cumplimiento que debe ejecutar la unidad compradora, en este caso la municipalidad”, señala. Agrega que la Contraloría General de Cuentas puede realizar una auditoría para determinar atrasos, posibles hallazgos y las sanciones administrativas que correspondan.

Es en este punto donde el acceso a los documentos deja de ser un trámite burocrático. La solicitud presentada por Quiroa como parte de su tarea de auditoría social buscaba establecer cuánto dinero se ha desembolsado, qué avance físico y financiero fue reportado y si existe un acta de recepción del proyecto por parte de la municipalidad.

Sin esos documentos, los vecinos pueden físicamente constatar que el camino rural está inconcluso, pero tienen mayores dificultades para establecer si se incumplió con las obligaciones del contrato.

“¿Para qué quieren esa información?”

Quiroa asegura que los obstáculos para obtener esos registros empezaron desde el inicio y señala que la encargada de acceso a la información llegó a preguntarle: "¿Y para qué quieren esa información?". Hasta ahora, dice Quiroa, la municipalidad no le entregó lo solicitado.

Silvio Gramajo, especialista en información pública, considera grave que una institución pregunte al solicitante por qué quiere la información. Y señala que el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública prohibe expresamente que se exija la manifestación de interés.

Según el especialista, la prohibición tiene una razón concreta: impedir que una institución decida discrecionalmente si el motivo de una persona merece o no que se le entregue información. “Está prohibida la manifestación del interés para evitar que sean ellos los que discrecionalmente señalen si es posible o no es posible”, explica.

Pero la negativa municipal a entregar información no fue solo para los requerimientos de Quiroa. Para la elaboración de este texto se realizó la misma solicitud de información pública pedida por el fiscalizador. Sin embargo, vencido el plazo de respuesta, la comuna tampoco entregó la documentación requerida sobre el proyecto de mejoramiento del camino rural en el sector San Rubén, del cantón Maza; ni explicó las razones de su silencio.

Ante la falta de respuesta de la Municipalidad de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez se acudió a la sede local de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Mazatenango para denunciar posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información pública y conocer si existen otros casos denunciados contra municipalidades de Suchitepéquez por obstáculos o negativas en la entrega de información pública y determinar qué acciones puede impulsar la institución ante este tipo de reclamos.

En la oficina de la PDH se indicó que, para obtener una respuesta, debía presentarse previamente una solicitud formal de entrevista, la cual se realizó, pero al momento de publicar esta nota no se obtuvo una respuesta a la solicitud.

También se consultó a la empresa Multiservicios y Proyectos Viales del Val, responsable de la obra en Santo Tomás La Unión sobre los avances de los trabajos y las denuncias de que vencido el plazo la obra sigue inconclusa.

Se llamó al número telefónico registrado de las oficinas de la empresa en Villa Nueva, Guatemala. Una secretaria atendió la comunicación e indicó que los abogados de la compañía se pondrían en contacto posteriormente para responder a los cuestionamientos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se recibió ninguna llamada ni respuesta de los representantes legales de la constructora.

El costo de preguntar

El acceso a la información pública es una condición para que la ciudadanía, periodistas y organizaciones sociales puedan investigar qué hacen las autoridades con los recursos públicos y divulgar sus hallazgos. Sin información disminuye la capacidad de fiscalizar y se limita la transparencia.

El proyecto investigado en Santo Tomás La Unión sirve como ejemplo. Para explicar qué ocurrió con la adjudicación de Q2.6 millones de recursos públicos, no basta con fotografiar una calle aparentemente inconclusa. Hay que conocer el contrato, las estimaciones de pago, los informes de supervisión y las actas municipales.

Para Quiroa, las barreras administrativas son solo una parte del problema. Según denuncia, sus acciones de fiscalización sobre proyectos en varias municipalidades del departamento de Suchitepéquez le han acarreado seguimientos de vehículos, fotografías y amenazas. Sin embargo, sostiene, continuará su labor para garantizar que los dineros públicos se usen con transparencia y en beneficio de la población de su departamento.

Sin información también se limita la libertad de expresión

La negativa a entregar documentos públicos no afecta únicamente la transparencia o la posibilidad de fiscalizar una obra. Para Silvio Gramajo, especialista en información pública, también puede terminar restringiendo otro derecho: la libertad de expresión.

“El acceso a la información pública tiene una relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”, explica. Los tres ámbitos forman parte de un derecho más amplio: el derecho a la información.

La relación se vuelve concreta cuando una persona necesita documentos públicos para construir argumentos, contrastar las declaraciones de una autoridad o cuestionar el uso de los recursos estatales. “Necesitamos de la información pública para poder tener información que nos permita un debate más profundo, más complejo, con datos”, señala Gramajo.

Esos datos, agrega, permiten elaborar opiniones mejor sustentadas y sirven como base para la crítica pública, una función que considera fundamental dentro de una democracia. Por eso advierte que obstaculizar sistemáticamente el acceso puede tener un efecto parecido al de impedir que determinada información llegue al debate público.

“Las negativas al acceso a la información pública se han convertido prácticamente en los nuevos mecanismos de censura”, afirma.

El caso documentado en Suchitepéquez muestra las dos dimensiones señaladas por el especialista. Primero fue un ciudadano que buscaba fiscalizar una obra pública. Después, un periodista repitió la solicitud para comprobar si podía acceder a esos mismos documentos. En ambos casos, la información no fue entregada por la municipalidad. Gramajo subraya precisamente esa doble afectación.

Hay además una paradoja. Parte de los datos que las autoridades municipales no entregaron mediante una solicitud formal pudieron reconstruirse posteriormente mediante otros registros públicos. Para Gramajo, eso demuestra que cerrar una vía de acceso no necesariamente consigue ocultar definitivamente la información, pero sí obliga al ciudadano o al periodista a invertir más tiempo y recursos para obtenerla.