Radios comunitarias: la desobediencia a reconocerlas

El Estado de Guatemala arrastra una deuda con la libertad de expresión de los pueblos originarios tras cinco años de evadir una sentencia condenatoria internacional.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió declarar responsable internacionalmente a Guatemala de violar los derechos de las comunidades indígenas en relación a la libertad de expresión, al negar el reconocimiento legal de las radios comunitarias.

“La forma en la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala”, dice la sentencia de la Corte IDH, “consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas en lo que respecta a fundar y utilizar medios de comunicación para difundir información, ideas y opiniones que les afecten y generar debates que sean de su interés”.

La Corte IDH dictaminó que el país vulneró la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la participación cultural de los pueblos originarios. Según este tribunal internacional autónomo que pertenece a la organización de Estados Americanos (OEA) y cuya función principal es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala opera como un mecanismo de exclusión para impedir que las comunidades tengan acceso a frecuencias de radio. A pesar de esta resolución, Guatemala se ha mantenido en desacato y las radios comunitarias continúan sin ser reconocidas.

El abogado Cristián Otzin, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, quien participó activamente en el litigio internacional y continúa dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia, afirma que Guatemala: “Tiene que cumplir con el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas como medios de comunicación diferenciados y reglamentar su funcionamiento”.

Una deuda histórica

La sentencia de la Corte IDH reconoció que la exclusión de la libertad de expresión comunitaria en Guatemala es y ha sido una deuda histórica.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, específicamente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), el Estado asumió el compromiso de facilitar frecuencias y garantizar que los pueblos originarios dispongan de sus propios medios de comunicación.

“Si vivimos en democracia, los medios de comunicación y las radios deben estar en igualdad de oportunidades y no selectivas como hoy tenemos en este país”, explica Carlos Alberto Ixtabalán, alcalde comunitario del municipio de La Esperanza, Quetzaltenango y miembro del Consejo de Pueblos Indígenas K'iche'.

Ixtabalán añade que la comunicación comunitaria: “Se debe democratizar a través de leyes que regulen un espacio a las autoridades, para las radios, y los medios de comunicación, que son el espacio de convivencia y recreación de las comunidades en nuestro país”.

Durante casi tres décadas, el Congreso de la República ha mantenido bloqueado el reconocimiento de las radios comunitarias. La Iniciativa 4087 (Ley de Medios de Comunicación Comunitaria), presentada en 2009, y que avanzó hasta la segunda lectura en el pleno legislativo en 2016, ha permanecido congelada por más de una década.

Iniciativas posteriores, como la 5965 (Ley Reguladora de las Radios Comunitarias), introducida en 2022 con el argumento de reformar el marco legal de las telecomunicaciones, fracasó y quedó en el abandono tras ser redactada sin consulta previa y recibir el rechazo generalizado del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala y Cultural Survival, organización internacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas y apoya su autodeterminación.

Reactivar la iniciativa 4087

En 2026, ante la prolongada parálisis legislativa y el persistente incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH, las radios comunitarias organizadas han acordado buscar mecanismos para reactivar el reconocimiento de la comunicación comunitaria en el Organismo Legislativo.

El Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (Nim Ajpu) y diversas autoridades indígenas organizaron un encuentro nacional, como resultado de tres reuniones regionales previas y diversas clínicas de análisis legal destinadas a estudiar los alcances de la sentencia de la Corte IDH, planteando ocho enmiendas con el propósito de la aprobación en tercera lectura de la iniciativa 4087 Ley de Medios de Comunicación Comunitaria.

En una reciente conferencia de prensa celebrada en el Congreso de la República el 1 de septiembre de 2026, los voceros del Movimiento de Radios Comunitarias indicaron que estas modificaciones buscan actualizar y nutrir el texto original de 24 artículos para que la propuesta “se adecue de manera estricta y funcional a los estándares internacionales dictados por la Corte IDH”.

“Los pueblos tenemos esa gran necesidad de tener nuestro medio de comunicación comunitario en nuestros territorios. Nos sirve para divulgar nuestros derechos y para fomentar nuestra cultura”, indicó Lorenzo Francisco de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob que transmite en el territorio Q’anjob’al del norte del departamento de Huehuetenango. “Basta ya de discriminación, de llamarnos radios piratas, radios ilegales”, añadió.

Las enmiendas impulsadas para reformar y reactivar la Iniciativa 4087 plantean un marco legal que otorgue a las radios comunitarias indígenas un reconocimiento jurídico diferenciado como medios sin fines de lucro enfocados en la labor social y cultural, garantizar la reserva equitativa de frecuencias radioeléctricas municipales para los pueblos originarios, asegurar la libertad de financiamiento a través de diversas fuentes lícitas para cubrir sus costos de operación, y establecer salvaguardas legales para detener los allanamientos, decomisos y procesos penales arbitrarios en contra de los comunicadores y periodistas comunitarios.

La expresión de los pueblos

En Guatemala, las emisoras comunitarias no compiten en el mercado publicitario masivo; su razón de ser responde a necesidades sociales, culturales y de supervivencia identitaria. El abogado Cristián Otzin enfatiza que el trabajo de estas emisoras sostiene los derechos fundamentales de los pueblos a difundir información en sus propios idiomas y conservar su tejido social.

Carlos Ixtabalán, alcalde comunitario, aporta una dimensión filosófica sobre los medios y la comunidad. “Una radio comunitaria, propia, significa una oportunidad para dialogar, para conversar, pero sobre todo una para mantener unidad, buscar la lucha comunitaria que establece el Pop Wüj”. Y añade: “Todos unidos hagamos y trabajemos por el bien común, que es un principio de la humanidad”.

Actualmente, el Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas de Guatemala, trabaja con 30 emisoras comunitarias en 12 departamentos del país: Baja Verapaz, Alta Verapaz, Izabal, Jalapa, Chiquimula, la parte central de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango. Son comunidades maya hablantes de diferentes idiomas: Q'eqchi', Kaqchikel, Tz’utujil, K'iche', Mam, entre otros.

“Una radio comunitaria es información, formación, divulgación del quehacer de una comunidad, del acontecer de los hechos y cómo autoconvocarse en caso de una emergencia, de un problema o de un accidente”, explica Ixtabalán. “La unidad comunitaria, la fuerza comunitaria, debe ser ese espacio que permita trabajar en unidad, como lo hicieron los abuelos”, dice.

Frente a esta función de cohesión comunitaria, las radios comerciales agrupadas en la Cámara de Radiodifusión de Guatemala pretenden que las emisoras comunitarias no puedan operar, como lo expresan en un comunicado en contra de la aprobación de la iniciativa de ley 4087.

Para este reportaje se buscó la postura oficial de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala a través de correo electrónico, llamadas a sus líneas telefónicas y mensajes en sus redes sociales; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El Movimiento de Radios Comunitarias señala que el motivo de las radios comerciales para negar el derecho de la comunicación comunitaria es económico y político: el modelo de la Ley General de Telecomunicaciones mercantiliza el espectro radioeléctrico y lo subasta al mejor postor, permitiendo que monopolios mediáticos concentren el control de las frecuencias, bloqueando la pluralidad y percibiendo a las radios comunitarias sin fines de lucro como una amenaza a su hegemonía comercial y publicitaria.

Anselmo Xunic, del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, indica: “aunque en la cabina de locución operan de forma directa entre 10 y 15 personas por emisora, el impacto comunitario es masivo, ya que redes enteras de colaboradores aportan su tiempo, ideas y recursos económicos para sostener la transmisión de la palabra”.

El desinterés del Estado

Cuando la Corte IDH determinó que el Estado de Guatemala violó la libertad de expresión de los pueblos indígenas en el espacio radiofónico, exigió cambios.

Y requirió a Guatemala: modificar la Ley General de Telecomunicaciones para reservar frecuencias específicas a las radios indígenas; detener de manera absoluta los procesos penales y las confiscaciones de equipos de estas emisoras; pagar las indemnizaciones correspondientes por los daños materiales e inmateriales sufridos por las víctimas, y ejecutar actos públicos donde se reconozca formalmente la responsabilidad estatal.

Para el abogado Cristián Otzin existen áreas donde el desacato a la sentencia de la Corte IDH puede considerarse total. Por un lado, el Ministerio Público no ha tenido la disposición para ordenar que se detengan los allanamientos y persecuciones contra periodistas comunitarios; por otro lado, la Corte Suprema de Justicia no ha definido una ruta institucional ni sabe cómo cumplir la orden de anular las sentencias penales condenatorias dictadas en el pasado contra comunicadores indígenas, manteniendo vigentes sus antecedentes y efectos jurídicos.

La Corte IDH indicó en el artículo 115 de su sentencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “observa que existe una fuerte criminalización de la operación de radios comunitarias en Guatemala, a pesar de que las mismas no pueden operar dentro del marco de la legalidad por acción propia del Estado”.

A lo largo de los años, múltiples emisoras comunitarias y sus comunicadores han sufrido operativos policiales violentos, allanamientos a sus cabinas y confiscación ilegal de equipos de transmisión. De hecho, la criminalización en contra de Radio Ixchel, del pueblo Maya Kaqchikel de Sumpango, Sacatepéquez; Uqul Tinamit (“La Voz del Pueblo”), del pueblo Maya Achí de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz; Radio Xob'il Yol Qman Txun, del pueblo Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango; y la Radio La X Musical, del pueblo Maya Mam de Cajolá, Quetzaltenango fue lo que motivó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la posterior sentencia de la Corte IDH contra el Estado de Guatemala.

El Estado ha violado y privado el derecho de los pueblos a tener una voz en el espectro radioeléctrico, condenando a las comunidades a transmitir en la ilegalidad por el simple hecho de ejercer el derecho humano de comunicarse en su propio idioma y desde su propia cosmovisión.