Mujeres achí: la justicia aún pendiente

Para llegar hasta el Tribunal de Mayor Riesgo A, ella y las otras mujeres debieron encontrar antes quién las escuchara y les creyera. En 2011 llegó la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal (ABJP) a su comunidad, sus abogados documentaban violaciones a los derechos humanos y se percataron de que el común denominador de los testimonios recopilados en el área era que las mujeres denunciaban violaciones sexuales. Así inició un largo camino de reclamo y demanda por sus derechos.

Empezar no fue fácil: Máxima y otras mujeres viajaban con frecuencia al área urbana de Rabinal para llegar a la oficina del “Bufete Popular” y documentar su testimonio. Esos viajes debían hacerlos discretamente y guardar silencio pues en las comunidades vecinas vivían sus victimarios. Hablar sobre el conflicto armado y demandar justicia aún genera división y persecución.

Máxima tiene 63 años ahora, es mamá de seis hijos y abuela de 14 nietos. Contar su historia implicó regresar a 1981, cuando tenía 17 años, estaba embarazada y vivía en su comunidad de Chichupac Rabinal. Ese mismo año empezó el sufrimiento: “cuando el ejército y comisionados vinieron a nuestra comunidad, mi madre fue asesinada y perdí a mi bebé por las reiteradas violaciones a las que fui sometida”, recuerda.

El conflicto se profundizó y empujó a las poblaciones al desplazamiento: Máxima debió emigrar primero a Santa Cruz El Chol, el municipio vecino; pero, luego, ella y su familia debieron trasladarse hasta Las Cruces, en Petén. Huyeron de la persecución y debieron sobrevivir con siembras y cosechas de maíz y frijol hasta su retorno a la comunidad en 1987.

El Ministerio Público acusó a integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de delitos contra los deberes de la humanidad y de violencia sexual contra las mujeres achí cometidas entre 1981 y 1982. Las PAC fueron el órgano de control que el Ejército de Guatemala movilizó, durante el conflicto armado, hacia las comunidades más remotas para neutralizar a la guerrilla. Sus patrullajes, según las investigaciones, no se limitaron a operativos militares sino también de presión psicológica contra la población indígena.

Gloria Reyes, una de las tres abogadas que lideraron el proceso, resume el recorrido legal: iniciaron escuchando a 36 mujeres; después, debieron separar dos casos y presentar, primero a 5 víctimas y después a 6; luego, individualizar a los acusados; y más tarde superar el empantanamiento del expediente, desde la suspensión de audiencias hasta el retraso habitual de los juzgados guatemaltecos: “la Jueza encargada no enviaba el caso a debate y determinó sobreseimiento para unos sindicados; la no aceptación de algunas pruebas, hasta que procedió un recurso de recusación por retardo malicioso y un evidente respaldo a los sindicados todos ellos expatrulleros”.

El peritaje técnico militar en defensa aclaró que “en ningún plan militar se ordena violar mujeres”, pero el tribunal sentenció que el Estado “es responsable de las violaciones cometidas por las Patrullas de Autodefensa Civil porque las promovió, legalizó, integró y entrenó”.

Pero demandar justicia exige un costo alto: la abogada Reyes cuenta que las mujeres enfrentaron desacreditación constante.

Máxima Emilia viajó casi 200 kilómetros, desde su casa hasta lugares desconocidos para ella, como una sala del Palacio de Justicia en la capital para hablar y reclamar. Ese esfuerzo dio resultados cuando el 24 de enero de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” concluyó que las mujeres fueron víctimas de esclavitud sexual. El mismo fallo ordenó 12 medidas para reparar los daños, aunque hace falta que las cortes superiores resuelvan las impugnaciones y confirmen la resolución para cumplir con la reparación que ordenaron los jueces.

¿Cómo se repara este daño? El tribunal determinó que con una indemnización, pero además con mecanismos de rehabilitación (puestos y planes de salud), con actos de satisfacción (programas de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas) y, por último, con garantías de no repetición (enseñanza de la memoria histórica).

La demanda de Máxima y las mujeres ahora es el cumplimiento pronto de esa reparación: por su edad y su salud exigen que no tarde más tiempo. Los crímenes dejaron traumas ginecológicos, psicológicos y psiquiátricos que requieren atención inmediata y esta rehabilitación es responsabilidad del Ministerio de Salud.

Entre otras medidas, el tribunal también ordenó que el Organismo Judicial publique la sentencia en sus portales electrónicos y que la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) traduzca y resuma el contenido. El Ministerio de Educación, por su parte, debe incluir en el currículum base de estudios las historias de las sobrevivientes. Y el Ministerio de Cultura debe producir un documental sobre las mujeres Achí y elaborar un mural en reconocimiento de su lucha.

El fallo también ordenó que las hijas, hijos, nietas y nietos de las sobrevivientes reciban becas para continuar con sus estudios de primaria, básico y diversificado. Y, por supuesto, que las fuerzas de seguridad implementen un proceso de formación dirigido a sus integrantes para la prevención de la violencia de género.

Máxima Emilia sabe para qué usará la indemnización económica: quiere mejorar las condiciones de su vivienda y aportar en la dinámica de hogar. Vive en un entorno de escasez de agua, tierra y semillas. El Bufete Popular ya logró, por su parte, becas de estudio de nivel medio y básico para los hijos de 6 de las víctimas.

Pero el tiempo pasa y ninguna de estas medidas se materializa. La abogada Reyes identifica cuatro razones: primero, las apelaciones de la sentencia no se resuelven y el fallo no puede ejecutarse; segundo, no existe mecanismo para coordinar a las instituciones responsables de medidas de rehabilitación; tercero: la Procuraduría General de la Nación debe ser más activa y eso es cuestión de voluntad de este gobierno; y cuarto, la configuración del Estado es compleja y cerrada: depende de la actitud de los funcionarios para cumplir.

Máxima Emilia sabe que su vida cambió: “ya no volverá a ser la misma, el miedo sigue presente, no se diluye”. Pero la búsqueda de la justicia y la sentencia le permiten concentrarse en sanar sus heridas.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció: “El Estado debe destinar los recursos necesarios para implementar las medidas de reparación. No basta con que las instituciones públicas expresen su voluntad de querer llevar a cabo las reparaciones, sin que asignen el presupuesto necesario para cumplirlas y sin que designen al personal capacitado para ejecutarlas”.

Entre las medidas, el tribunal ordenó el diseño y la elaboración de un mural visible en Rabinal. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y la organización Impunity Watch coordinaron la ejecución. Estaba ya plasmado, pero la municipalidad ordenó borrar la pared. Los empleados municipales dijeron que desconocían que se trataba del cumplimiento de una sentencia. Otra vez las mujeres exigieron una restitución.

Allí están ahora, en una pared del edificio del mercado municipal: unas abuelas rodeadas de claveles rojos y palomas blancas bajo el texto “Esperanza”. Es el recordatorio permanente de una demanda de justicia aún pendiente de respuesta.